¿Derecho formal o práctica cotidiana?El desafío tras el Código de las Niñez

La entrada en vigor del Código de las Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba no es un simple ejercicio de arquitectura jurídica; es una interpelación necesaria a nuestras estructuras sociales. Por fin, el ordenamiento legal se desprende de la obsoleta visión del menor como un «objeto de protección» para elevarlo a la categoría de sujeto pleno de derechos. Este cambio de paradigma, aunque aplaudido, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿estamos preparados, como sociedad, para ceder el espacio que esta norma exige?

​Entre la autonomía progresiva y la herencia autoritaria

​El principio de autonomía progresiva que articula el texto legal es, quizás, el punto de mayor fricción cultural. En nuestras dinámicas familiares aún persiste una herencia de verticalismo donde la opinión del niño o adolescente es, a menudo, un accesorio decorativo y no un factor de peso en la toma de decisiones.
​El Código rompe esta inercia al blindar derechos fundamentales:

​La escucha activa: Ya no es un favor ni una concesión del adulto, es una exigencia legal.

​La integridad emocional: Se reconoce que el daño no es solo físico; el lenguaje, la humillación y el aislamiento tienen ahora un nombre y consecuencias.

​La responsabilidad compartida: El Estado, la familia y la comunidad dejan de ser islas. La norma obliga a una transversalidad que, sobre el papel, es impecable, pero que en la práctica requiere de una articulación institucional que todavía gatea.

​El reto de la eficacia: De la Gaceta a la calle

​El rigor jurídico del Código es indiscutible. Sin embargo, en nuestro contexto, la norma corre el riesgo de convertirse en un monumento estético si no se acompaña de una pedagogía social agresiva.
​No basta con crear Defensorías o ampliar las facultades de la Fiscalía si en el barrio o en el centro escolar se sigue naturalizando el autoritarismo bajo el pretexto de la «disciplina». La verdadera eficacia del Código se medirá por nuestra capacidad para denunciar —no solo ante las autoridades, sino ante la conciencia colectiva— las grietas por donde se filtra el maltrato o la desatención, amparados por un falso sentido de privacidad familiar.

​Un mandato de presente, no de futuro

​A menudo nos gusta decir que los niños son el «futuro», una fórmula que, analizada con lupa, resulta cómoda: nos permite postergar sus demandas. Este cuerpo legal nos obliga a mirar el presente. Los niños no están «haciéndose» personas; ya lo son. Su derecho a la participación y a la exigibilidad no puede esperar a que cumplan la mayoría de edad.
​La vigencia real del Código dependerá de una transformación de mentalidades que el Derecho, por sí solo, no puede gestionar. Necesitamos romper la barrera del «siempre se ha hecho así». En última instancia, la solidez de esta norma no se probará en los tribunales, sino en la calidad de los vínculos que construyamos hoy en nuestras casas, escuelas y plazas. La ley ya nos dio el marco; ahora nos toca a nosotros, como ciudadanos, darle vida.

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